218 “LA CHISPA”
Lema: “En la indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”.
LA SALA CUARTA
Políticamente, se puede definir al hombre como un sujeto de derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Y fijar el alcance y límites de esas potestades, es el objetivo de todas las legislaciones del mundo. Esto debería ser muy fácil si se parte de la base de ciertos principios fundamentales del derecho natural que, si se cumplieran a plenitud, harían que la convivencia fuera perfecta, sin resentimientos ni injusticias. Ese es el ideal, otra cosa es la realidad. Por otra parte ¿quiénes deben ser los legisladores y qué es lo que deben tener en cuenta en el ejercicio de tan delicada tarea? ¿Puede un hombre “politizado” y envuelto en intereses económicos relacionados o dependientes del gobierno, realizar esa labor de manera imparcial y al servicio de TODOS los ciudadanos? ¿Puede un ciudadano millonario y con grandes ingresos, decretar leyes justas en materia tributaria? La respuesta parece ser NO. Entonces ¿quiénes son los que deben hacer las leyes? Parece que los hombres NO. Convencidos de la incapacidad de los humanos para ser correctos e imparciales, fue que los antiguos inventaron las “Legislaciones Divinas” diseñadas por los dioses; o bien por hombres extraordinarios como Licurgo. Solo de esa procedencia se podía esperar que la Ley tuviera ese sutil elemento suprahumano que la hace ser digna no solo de ser respetada, sino querida: JUSTICIA. Porque la ley sin justicia no es más que una farsa, un pretexto al servicio de los que tiene el privilegio de dictarlas.
Cuando en un país la facultad de “legislar” la monopoliza una minoría oligárquica que solo toma en cuenta sus intereses económicos, todas las leyes se vuelven tan espurias como el grupo que las emite; y dejan de ser leyes, para convertirse en arbitrariedades al servicio exclusivo de grupos. La Ley deja de serlo y se convierte solo en pretexto o justificación de inmoralidades. La ley de Inquilinato es una de esas monstruosidades impuestas al pueblo por un poderoso grupo de “arrendadores”, como suelen llamarse ahora. ¿Es legal esa ley? Desde luego que sí. Pero, ¿es JUSTA esa ley? Por supuesto que no. La legalidad de esa ley es el resultado de una multitud de argucias, dialéctica, influencias políticas, falsos testimonios, pruebas y cálculos de costos de operación amañados al gusto. En cambio la JUSTICIA es un principio superior que no se sustenta en leguleyadas, sino que se corresponde con los más altos valores del Amor y la consideración que merece el ser humano, por humilde que sea. La ley JUSTA es acatada con respeto y resignación, aunque duela. La ley INJUSTA, con rabia, rencor, desconsuelo e impotencia.
Y es aquí en donde entra la Sala Cuarta, instancia superior creada con el fin de dictar pautas acerca de la constitucionalidad de los fallos de los tribunales, inconstitucionalidad de las leyes emitidas por la Asamblea Legislativa, y otros menesteres legales de su competencia. Pero ¿debe ser este tribunal solo un órgano formalista que se apegue a la letra muerta de la Ley? ¿Y qué hay de la JUSTICIA? ¿Qué hay de la corrección o incorrección de los actos humanos aunque estos sean “legales” o no? La “legalidad” de estos no garantiza que sean justos ni regidos por principios que apunten hacia el bienestar general de la sociedad. La DEVALUACIÓN DEL COLÓN es un acto “legal” del Gobierno por medio del Banco Central. Pero es un crimen y una acción INJUSTA que se comete en contra de la clase trabajadora y asalariada del país, por más pretextos y argumentos que puedan esgrimir los favorecidos con semejante barbaridad. Esa acción del Gobierno como legislador, solo tiene un claro y único beneficiario: la Oligarquía. Y un solo perjudicado: el pueblo.
Y en estos casos de evidente injusticia, ¿debe la Sala Cuarta ser un ente pasivo que solo entra en acción mediante la solicitud que le hagan los ciudadanos? ¿Debe la Sala Cuarta limitarse a la forma hueca de la ley sin importarle el contenido o los principios de justicia implicados en ella? ¿Es la conveniencia macroeconómica el principio “ético” que determina el silencio de este tribunal ante la injusticia de la Devaluación? Muchos aspectos de las leyes responden al famoso principio del “sentido común”, y no es necesario ser un jurisconsulto para conocer su valor como normas de convivencia social. Entonces ¿cómo es que la Sala Cuarta se ha convertido en un factor negativo en ciertos aspectos cuya clara finalidad es el beneficio de los ciudadanos? ¿Cómo es que la Sala Cuarta hizo que el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los carros, dejara de serlo? ¿Cómo es que la vice ministra de transportes sale a la prensa a decir que han tardado tanto en emitir una ley de tránsito POR MIEDO a que la Sala Cuarta “se la traiga al suelo”? ¿Cómo es que la Sala Cuarta echó por tierra una disposición que pretendía impedir que jovencitos imprudentes y sin experiencia, como el que hace poco acabó con la vida de toda una familia, tuvieran la posibilidad de manejar esos monstruos de la carretera llamados tráileres? Estos son asuntos de “common sense”, en los que ciertas formalidades de la ley deben ser pospuestas en interés del bien común. Porque si de derechos “legales” se trata todo, ¿por qué alguien de DIECIOCHO AÑOS NO PUEDE SER PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA? ¿No es eso conculcar los derechos de un ciudadano MAYOR DE EDAD, como los del joven “trailero” que aniquiló a toda esa familia?
Por favor, haga circular esta “Chispa” para que todos podamos enterarnos de estos temas.
Salacuartescamente
Ricardo Izaguirre S.
E-mail: rhizaguirre@gmail.com
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