753 “LA CHISPA”
Lema: “En la indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”
EL CONTRATO PÚBLICO DE LOS FUNCIONARIOS
Una necesidad básica de la DEMOCRACIA es que ningún funcionario (elegido o nombrado) debe gozar del privilegio de la inamovilidad. Debe ser como en la empresa privada. Es inadmisible que un trabajador inepto, corrupto, haragán o sinvergüenza se mantenga en su puesto solo porque alguna ley le concede esa categoría. Nadie debe gozar de esa prebenda, y su permanencia en el servicio público solo debe estar respaldada por la eficiencia demostrada en el cumplimiento de sus funciones. Esa regla debe aplicar para TODOS los empleados del Gobierno, desde un conserje hasta el Presidente de la República, Diputados y Magistrados. Y para el Tribunal Supremo de Elecciones. Ningún grupo debe formar búnkeres inexpugnables que estén más allá de la voluntad popular o de las leyes morales. Ningún ciudadano debe tener el derecho de hacer lo que le dé la gana, valiéndose de los diversos fueros especiales que han ido creando con el correr del tiempo para beneficio de sus intereses particulares. Como los diputados.
Por desgracia, la “democracia formal” está repleta de estos vicios que permiten todo tipo de corruptelas amparadas por la inamovilidad de funcionarios que se dan la libertad de tomar decisiones en contra de la voluntad popular. Como sucedió con los que hicieron posible la reelección presidencial de un conocido ciudadano. Estos sujetos permitieron, mediante una leguleyada, hacer que ese señor pasara por encima de la Constitución y la voluntad del pueblo. Cuatro gatos lograron que se realizara ese atropello. ¿Qué los motivó a tomar esa determinación? ¿Qué interés legítimo podrían tener para sabotear la Carta Magna en beneficio de un individuo? Todas las suposiciones de los ciudadanos son válidas; aquellos las legitimaron cuando actuaron oficiosamente en un tema que era cosa juzgada y aceptada de manera natural por el pueblo. Sin embargo, mediante un tecnicismo, estos sujetos lograron torpedear el sistema jurídico consagrado en ese documento. Si es común que no se interesen o rechacen cientos de solicitudes de revisión de asuntos de verdadero interés público, ¿qué los condujo a esa agresión en contra del orden constitucional? Cualquier suposición está justificada. Sobre todo cuando se conocen los antecedentes y filiación política de los individuos que lo hicieron.
Es por eso que la población se debe organizar mediante Cabildos, órganos cívicos sin injerencia política partidaria, y que serían los auténticos representantes de la voluntad popular civil. Serían estos cuerpos los contralores de la eficiencia y buena marcha de la nación. Instituciones legales que tendrían el derecho a marcarles pautas a los funcionarios. Con tribunales civiles con autoridad para destituir, nombrar o corregir vicios de la función pública. Los guardianes del SISTEMA. Entender que el Estado NO es un ente absoluto que puede hacer lo que le plazca, es la esencia de la democracia. Comprender que este solo es el instrumento mediante el cual el pueblo ejerce su voluntad suprema, es el meollo de la democracia. Eso significa que todos los funcionarios no son más que empleados del pueblo y que este, como patrón, TIENE EL DERECHO DE DESPEDIRLOS si no cumplen con su deber derivado de un CONTRATO PÚBLICO que deberán firmar al asumir sus cargos, y el cual será depositado en los archivos de los Cabildos. En el Gobierno NO debe haber INTOCABLES. Todo ciudadano debe estar sometido a la ley, y sin importar el cargo que tenga, NO debe utilizarlo para gestionar beneficios particulares, familiares o de grupo. El Cabildo lo estaría vigilando con verdadera autoridad para reprenderlo o destituirlo en el momento en que viole la Ley. Así, la Asamblea no se atrevería a nombrar candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputados o DEFENSOR DE LOS HABITANTES, funciones exclusivas del PUEBLO. Tampoco a autorizar minería a cielo abierto, o a ofrecer sobornos a los sindicalistas para hacer negocios particulares.
El Gran Cabildo Nacional (la suma de todos los cabildos) ya habría destituido a esos cuatro ciudadanos que hicieron posible la reelección presidencial, uno de los más nocivos vicios de la democracia formal en la América Latina. Es más, es probable que estos ni siquiera se hubieran atrevido a plantearse ese tipo de sabotaje constitucional. Claro que eso requiere una gran madurez cívica de la cual parece que estamos lejos. Todavía somos muy “partidaristas” y hacemos la vista gorda con los vicios y atropellos que comenten los funcionarios si se trata de aquellos por los que votamos. Incluso les perdonamos que sean corruptos o ladrones y que estén acusados ante los tribunales por diversos fraudes.
Ahora, a unos días de las elecciones, resulta que el TSE, valiéndose de uno de esos trucos institucionales (inamovilidad y fuero especial) decide, sin razón alguna (aunque con muchos pretextos), introducir un cambio dramático y sospechoso en el conteo de votos. ¿A qué viene esa decisión que bien puede ser interpretada de mil maneras negativas, incluyendo la posibilidad de un fraude electoral? Si el Presidente ha manipulado a la Asamblea para nombrar a la “defensora de los habitantes”, ha designado a los candidatos a la presidencia y las dos vicepresidencias y ha manipulado a los Magistrados que hicieron posible su reelección, es lícito pensar que bien podría estar planeando un conteo “casero” de votos, para asegurarse la continuidad del partido en el poder. ¿Por qué no? Aunque la gente cree en mitos de la Democracia (independencia de poderes, honestidad de los magistrados y etc.), la verdad es otra. La Historia reciente respalda estas sospechas que nos hacen dudar de TODOS LOS BURÓCRATAS, sin importar el nivel que tengan o la majestad con la que traten de investirse. Todos son sospechosos. La corrupción es muy persuasiva y tiene innumerables medios de convicción de todos conocidos. Cuando esta es una plaga globalizada que ataca a todas las sociedades del mundo (incluso a los Estados Unidos: elección dudosa de Bush), no podemos, NO DEBEMOS seguir siendo tan ingenuos dando por descontada la honestidad de nuestros tribunales y funcionarios, ya se trate del Presidente, de los diputados, Magistrados o del TSE. Todos están cubiertos por el manto de la duda.
Y aunque ahora ya es tarde para remiendos, debemos prepararnos para el futuro: la organización popular en Cabildos, el verdadero poder de los ciudadanos.
Fraternalmente (¿Hacen estas mismas movidas en sus países?)
RIS e-mail: rhizaguirre@gmail.com
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