lunes, 14 de febrero de 2011

884 Contratos con el Estado


884    “LA CHISPA         (2 de febrero 2011)
Lema: “En la indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”
LOS CONTRATOS CON EL ESTADO
            Todas las empresas extranjeras que contratan lo que sea con el Estado de Costa Rica, solo necesitan algo para hacer lo que les da la gana: una quinta columna.  Y esta siempre está presente y lista para echarse al bolsillo las “asesorías legales”, los porcentajes de lo aumentos de las obras y todo lo que sea posible sacarle al gobierno, según la fórmula ya universalizada.  Y ante esta repetida agresión en contra del tesoro público tenemos que preguntarnos: ¿son tan idiotas los funcionarios nacionales que no pueden redactar un contrato de acuerdo con la conveniencia de los intereses de la nación?  ¿No hay alguien en el gobierno (ministerio, oficina, personal o individuo) capaz de fijar los requerimientos de un contrato en la forma como se llevan a cabo en otros países?  ¿Por qué es que siempre, SIEMPRE, cualquier empresa extranjera termina poniendo manos arriba al estado costarricense y demandándolo por sumas astronómicas?  Porque cuentan con los quintacolumnistas nacionales que, desde diversas posiciones (estatales o privadas) les facilitan el camino a cambio de las respectivas y archiconocidas comisiones.  ¿Cómo es posible que una empresa extranjera de dudosa calidad, demostrada en los innumerables defectos de la ruta a Caldera, haya triplicado los precios de una obra de tan mediocre calidad?  Porque cuenta con su quinta columna.
            ¿Cómo es que hasta ahora el Estado costarricense se viene a dar cuenta de que la empresa “Autopistas del sol” NO TENÍA dinero para hacerle frente a los gastos de operación?  ¿No debe esa ser una cláusula fundamental en cualquier contrato?   Y haberse saltado ese requisito, solo se puede explicar mediante la acción secreta de la quinta columna de dicha compañía: los testaferros nacionales y los comisionistas.  Hasta ahora nos damos cuenta de que ese grupo anduvo buscando financiación por toda Europa y que no la consiguió, lo cual es un indicio de la insolvencia de esa gente a la que, sin tener las credenciales profesionales requeridas, el Estado costarricense le otorgó una licitación con la que han hecho clavos de oro, bajo los más diversos pretextos.  Solo les faltó que la banca nacional los hubiera financiado, y eso si que sería una faena muy española, con rabo y orejas.  ¿Quiénes están implicados en esa dudosa maniobra?  ¿Quiénes son “Corporación M&S Internacional?  ¿Existe de verdad esa cosa?  Ahora resulta que el MOPT está estudiando la posibilidad de suplicarle a la concesionaria que entregue el proyecto a otra empresa “que sí tenga fondos”.  ¿Cómo es eso?  De esta manera, el estado se convierte en rehén de una empresa fantasma y quebrada, que habrá de alzarse con centenares de millones del erario costarricense.   Y todo por una carretera mal hecha. 
            ¿Cómo se hizo la licitación de esa obra?  ¿Qué empresas participaron y cuáles fueron sus ofertas?  ¿O solo fue una maniobra entre gente conocida?  ¿Entre españoles residentes y con influencias en el gobierno y contactos con dicha constructora?  Todas las empresas del mundo saben que en Costa Rica pueden hacer millones; que solo necesitan los empalmes internos que todo lo facilitan.  Quintacolumnistas al servicio del mejor postor.  Así se han hecho docenas de negocios archimillonarios con empresas francesas, alemanas, españolas, finlandesas y de donde sea.  Todo lo que se necesita son “patas” bien conectadas.  Y en esa lista hay bufetes de poderosos abogados, empresas fantasmas (fachadas), políticos y funcionarios de todos los niveles, incluyendo presidentes.  Y como aquí existe el recurso de declarar cualquier negocio turbio como “secreto de estado”, el pueblo nunca se da cuenta de los chanchullos que se llevan a cabo bajo la mesa.  Hasta que se destapan los tamales y empiezan a aparecer los bandidos: compradores y vendidos.  Además, los cómplices del gobierno.  Si la autopista a Caldera no hubiera sido de tan mala calidad, es posible que todo el escándalo que la rodea se hubiera quedado en el silencio.  Incluso el pago de sobreprecios inventados a discreción.
            Esa es la parte turbia, y por el otro lado, está la negligencia, indolencia y complicidad del Gobierno en cuanto a la maraña de intereses que se desatan en este país cada vez que hay obras viales que tienen que pasar por las tierras de cierta gente, especialmente cuando tienen influencias políticas.  La angurria se desboca, y es allí cuando se plantean indemnizaciones archimillonarias por terrenos que no valen un carajo.   Y es por falta de una legislación efectiva, que cualquier desgraciado se puede dar el lujo de atrasar una obra de interés nacional, todo el tiempo que le dé la gana.  Mediante unas leyes anticuadas e imprácticas, o mediante salacuartazos.  ¿Cómo es posible que un proyecto de VERDADERO INTERÉS NACIONAL quede supeditado a los intereses particulares de unos cuantos propietarios de terrenos?  Semejante idiotez no se produce ni en los Estados Unidos, cuna de los derechos privados.   Si algo es de conveniencia nacional en ese país, se hace, a pesar del disgusto que les pueda ocasionar a los propietarios.   Se impone el bien de las mayorías.
            En síntesis, aquí cualquiera llega y establece sus vínculos con esta mafia de “negociadores” y obtiene lo que quiere en cuestión de días: refugio, préstamos bancarios, contratos con el Estado, residencia, naturalización, concesiones mineras, de playas, bosques o lo que sea.  Solo es cuestión de “patas”.   Y mejor todavía si se tienen contactos con los presidentes o amigos o parientes del presidente.  Eso es todo lo que se necesita para lograr jugosos contratos y embolsarse millones a costa del erario.  Desde el tiempo de Vesco y compañía quedó establecido firmemente este procedimiento corrupto que ya ha superado todo lo imaginable.   Aquí la desvergüenza ya no conoce límites, pues los pillos sorprendidos en todo tipo de delitos cometidos al amparo del Poder, tienen la desfachatez de demandar al Estado y reclamar “por su honra”.  Y algunos son indemnizados.
            Realizar contratos leoninos con el Gobierno es el mejor negocio imaginable… y solo es cuestión de hacer los contactos necesarios para que todo se deslice sigilosamente y en condición de secreto de estado.  Y como la Asamblea Legislativa solo es un cubil en donde se trafican influencias al mejor postor, no podemos tener la menor esperanza en la probidad de ese cuerpo público como garante de los intereses nacionales.  Al parecer estamos fritos.  En manos de los pillos: de arriba y de abajo.
            Fraternalmente                                                                       (¿Cómo anda esto en sus países?)
                                     Ricardo Izaguirre S.                 E-mail: rhizaguirre@gmail.com
Blogs:      La Chispa       http://lachispa2010.blogspot.com/          con link a       Librería en Red     
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