70 Vivienda propia: ¿un sueño imposible?

70  “LA CHISPA”   

LEMA: “En la indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”

VIVIENDA PROPIA: ¿UN SUEÑO IMPOSIBLE?

            Para los que siempre han  tenido casa propia, quizás este tema carezca de importancia; pero para aquellos que no la tienen, sí interesa, y tal posesión, constituye el sueño número uno de sus vidas.  No hay quien no desee su casita propia, sin importar su tamaño ni dónde esté ubicada.  La casa propia es la madriguera de la familia, algo así como la cueva de las criaturas del campo.  Es consustancial a su vida y a la seguridad de los suyos, y es por eso que resulta tan importante como soporte físico y espiritual del núcleo que constituye la base de la estructura  social.   Y de ahí surge la obligación irrenunciable del Estado ante el problema de la vivienda.                                                                                                               Una familia con casa propia constituye un hogar; una familia sin ella es un grupúsculo de nómadas sin ninguna raíz; sin esperanza y casi carente de vínculos fuertes.  Y en su peregrinar sin ilusiones, en cualquier momento se desgranan como plumas esparcidas por el viento, produciendo malos individuos, inseguros, agresivos ante una sociedad que ha sido sorda ante su angustia.  El hogar propio da seguridad; es la trinchera y fortaleza de la familia; ese es el semillero de ciudadanos ejemplares y productivos en todo sentido.  Es parte esencial de la vida, y cuando el hombre, la mujer o los hijos dicen: “mi casa”, están afirmando sus raíces y su compromiso con la sociedad.  De ahí se deriva el irrenunciable deber del Estado de proporcionar casa propia a la familia.  Y para hacerlo, lo primero que tiene que hacer es comprar o incautar aquellos terrenos que hagan posible la construcción de habitaciones.  Pero ¿qué ha pasado con los gobiernos nacionales?  Pues que simplemente se han conformado con hacer pequeños remiendos ante este enorme PROBLEMA NACIONAL.  Han claudicado ante los intereses de las empresas urbanizadoras, las cuales especulan criminalmente con los precios de los terrenos.

            Hace falta una legislación moderna que dé prioridad al bien común antes que a la codicia de los especuladores de bienes raíces.  Bien sabemos que un grupo poderoso de estos aprovechados, extranjeros por sentimientos, a los que nada les importa el bienestar de las clases pobres  de este país, se han adueñado casi de todo lo que vale la pena en el campo de los bienes raíces.  Con grandes capitales (quizás obtenidos cómodamente de la Banca Nacional), están en capacidad de hacer compras masivas de terrenos aptos para la urbanización.  Y de esa forma no solo se ubican en la condición de monopolio, sino que tienen el poder de fijar los precios de mercado a su entero placer.   “Absolutamente legal”, diría cualquier abogado, e incluso los funcionarios del Gobierno.  Pero ¿es justo?   ¿Puede el Estado esconderse y evadir su responsabilidad social bajo un subterfugio legal?

              El Estado TIENE LA OBLIGACIÓN DE INTERVENIR en este negocio tigre que realizan los especuladores de bienes raíces, los agiotistas de la tierra.  No puede el Gobierno esconderse bajo el fácil disfraz de la legalidad, aduciendo que en un mercado de libre empresa, eso es lícito.   NO DEBE SER LÍCITO LO QUE ES INJUSTO, por más que ese dogma inventado y defendido por los que se benefician de su aceptación, sostengan que es legal.  Desde ahora se debe delimitar para el futuro (igual que los parques nacionales) las áreas que serán reservas para la construcción de habitaciones.  Y los precios de estos lotes deberán ser fijados de acuerdo con las posibilidades reales que tiene un obrero asalariado, y NO con “los precios de mercado”,  inflados artificialmente por las urbanizadoras “La Piadosa”, “La Más Barata”, “La Considerada” etc., etc., empresas que además de ser compradoras de terrenos, son constructoras, importadoras de materiales de construcción y, además, fiduciarias que financian los préstamos de viviendas con intereses abusivos y plazos demasiado cortos.                                                                   Conozco a una pareja (ya divorciados) que después de dar una prima de dos millones por una casita que les vendió la urbanizadora “La Comprensiva”, quedaron pagando CIENTO SESENTA MIL COLONES MENSUALES.  Ese pago fue posible mientras los dos trabajaban.  Pero desgraciadamente la empresa donde ella laboraba, redujo operaciones y se quedó sin trabajo.  Y eso fue la debacle que los llevó incluso a la separación, y todo lo perdieron, incluso sus dos millones de la prima.  ¿Es justo eso?  ¿Que fueron imprudentes?  ¡Claro que sí!  Pero tal situación de desamparo y destrucción de una joven familia con dos niños, NO DEBE SER PERMITIDA POR EL GOBIERNO.  No por ese motivo.

            Los cortos plazos y los altos intereses con los que operan estas fiduciarias, además de las injustas condiciones que el Estado les autoriza y avala, deben ser revisadas con otros criterios sociales, y no únicamente con la visión especulativa de los propietarios de esas empresas, cuyo único interés es hacer millones con la angustia del pueblo.  Pero hasta aquí estamos hablando de gente que trabaja, que es profesional y tiene ingresos elevados, es decir, de aquellos que superan el límite de los TREINTA MIL COLONES que los ubica en la condición de ricachones.  ¿Y los que están por debajo de ese nivel?  ¿Qué posibilidades tiene el obrero común y corriente de adquirir una vivienda propia para su familia?   ¿Qué opción tiene una madre de cuatro o más niños de obtener una vivienda si es empleada doméstica?  En ambos casos, NINGUNA.    ¿Qué hacen el INVU y el BANHVI para resolver el problema?  NADA.  La venerable institución del INVU, creada para dar solución permanente al problema de la vivienda, ha sido saboteada y destruida desde adentro por los quintacolumnistas de los URBANIZADORES PRIVADOS, título que engloba a toda la jauría de agiotistas de la vivienda, acaparadores de tierras, urbanizadoras, constructores de esos urbanistas, importadores de materiales y todo el enorme círculo que forma esa diligente clase parasitaria que, desde dentro del gobierno, ha propuesto y aprobado leyes favorables únicamente a sus intereses.  Como la Ley de Inquilinato.  Desde adentro quebraron al INVU, y en la actualidad, solamente es una institución moribunda y agónica que solo espera el hachazo final.  Para eso los urbanizadores tienen dinero y diputados.

            Todos sabemos quiénes son los especuladores de la tierra, y quiénes son los propietarios de todas esas empresas que han montado el monopolio de los bienes raíces, condición con la cual están en capacidad de fijar las reglas del juego y el monto de sus ingresos, lo que trae como consecuencia que la obtención de una casita por parte de la familia asalariada solo sea eso: “UN SUEÑO IMPOSIBLE”.

           

      Fraternalmente

                                  Ricardo Izaguirre S.

Correo electrónico: rhizaguirre@gmail.com

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