929 “LA CHISPA”
Lema: “En la indolencia cívica
del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”
¿CUÁL ES EL MENSAJE?
¿Cuál
es el mensaje que la “justicia” de un país envía a sus ciudadanos cuando, por
tecnicismos legales o debilidades del sistema penal, altos empleados del Estado
son puestos en libertad después de cometer delitos, o tener conductas INADMISIBLES? Se dice que la mujer del César no solo debe
serlo sino APARENTARLO. Eso significa que quien está en el candelero
público, TIENE LA OBLIGACIÓN de
mostrar un comportamiento irreprochable.
La ética del funcionario debe estar más allá de toda duda, debe ser
impoluta y libre de la menor sospecha.
Aquí NO se trata de astucia o
la mayor habilidad que se tenga para crear tretas o pretextos que nulifiquen el
juicio que las cortes tienen sobre un político bajo sospecha. Talvez sea suficiente para ellos y sus
correligionarios, pero ante el tribunal del pueblo, este individuo siempre será
un reo moral de sus actos. No importa
que sus abogados hayan logrado la absolución mediante los recursos de una
legislación diseñada para obtener esos resultados. El funcionario DEBE SER HONESTO, lo vean o no; el cobijo del Estado NO lo faculta para el aprovechamiento
personal de su poder como servidor público de alto rango. Si un misceláneo se roba una escoba del
gobierno, lo despiden y va a la cárcel.
Entonces ¿por qué un Presidente, Vicepresidente, Ministro o diputado que
miente, adultera o incurre en enriquecimiento ilícito en escala millonaria es
perdonado por la justicia?
¿Cuál es el mensaje que los tribunales
envían a la población de un país? Se
supone que la justicia debe ser ciega y que todos los ciudadanos somos iguales
ante la ley. Entonces ¿por qué se
despide y encarcela a un ladrón común que se robó un carro o una moto, y se da
libertad a individuos que obtuvieron millones mediante maniobras inmorales realizadas
al amparo de su posición en el Gobierno? Con impunidad. ¿Devolvieron el dinero mal habido? Nunca las empresas transnacionales como “Autopistas del sol” o “Infinito
Mining” han buscado al alcalde de Santa Lucía para concertar un trato
comercial, de explotación o mano de obra.
Tampoco los de la telefonía francesa o los de los equipos médicos de
Finlandia. Ellos han ido directo a las
más altas instancias del gobierno en busca de “asesorías legales” por
parte de los Presidentes, otros funcionarios y algunos intermediarios
civiles. Esa parece ser una cadena
establecida, consolidada y ya tradicional: “The
Zapote Connection”. Y desde el punto
de vista jurídico, algo perfectamente legal. Pero ¿es moral? ¿Es correcto que un Presidente de la
República se convierta en asalariado secreto de una compañía
transnacional? Si tiene otro patrón,
¿por quién se inclinarán sus preferencias?
¿Por los intereses de su pueblo, o por los de la empresa que le paga las asesorías? Las concesiones que obtuvo la minera ¿fueron gratuitas y apegadas al
“interés
nacional”? ¿Quiénes fueron los contactos para la licitación de la
autopista a Caldera? ¿Cuánto se
embolsaron? Dudas y más dudas. Y así NO
debe ser la función pública. Por
eso se llama PÚBLICA. Si no, sería SECRETA.
¿Cuál es el mensaje que el Poder
Judicial envía al pueblo cuando diversos jueces, sin justificación aparente, ordenan
la excarcelación de convictos acusados de traficar con droga? ¿Qué razón hay para este tipo de maniobras
tan solícitas con delincuentes tan peligrosos, cuando hay miles de reos sin
sentencia que esperan por años para ser atendidos en sus peticiones de juicio? Parece que la gran lección que han recibido
todos los funcionarios es que DEBEN
PAGAR LO CONVENIDO A SUS SECUACES para que estos no los “canten”. Que si no hubieran sido tan tacaños y
avivatos en la repartija, nadie se habría dado cuenta de sus maniobras y hoy
estarían felices y como personajes honorables.
Todos los tamales se pelaron porque alguien NO QUISO pagarle lo convenido a cierta persona… y ahí estalló la
torta: reacción en cadena que barrió con todos y los manchó para siempre… aunque
hayan sido absuelto por los tribunales.
Es evidente que el barco de la
Justicia hace aguas por todos lados. También es obvio que hace falta
un Código Ético para la Administración
Pública; pero uno que no solo sea lirismo y declaraciones pajosas, sino un
verdadero código draconiano para ser
aplicado, a la velocidad de la luz, a cualquier funcionario que tan solo se
asome en el área de sospecha de la Ley.
Una legislación especial que, a fuerza de su dureza, haga que los empleados
públicos se comporten de manera ejemplar, aunque al principio solo sea por
miedo; después, quizás, la honestidad pasará a ser parte de su conducta normal,
lo que DEBE ser un funcionario: probo y confiable. Pero por ahora que la corrupción ha calado
hasta los huesos del aparato gubernamental, se hace necesario un método
especial y expedito que NO se vea
atascado por procedimientos burocráticos amañados para alargar los juicios
hasta el infinito. Debe existir un tribunal específico y único,
sin más instancias dilatorias, para juzgar todos aquellos delitos imputables a
los trabajadores
del Estado, desde el amanuense o barrendero, hasta el Presidente de la
República. Nombrados o elegidos. Diputados o Ministros.
¿Cuál es el mensaje que los
Jurisconsultos les han enviado a las garrapatas del Estado? Que
sean más cuidadosos en sus maniobras;
que paguen puntualmente sus compromisos a los intermediarios y alcahuetes, que
afinen los métodos de pago, las conexiones bancarias internacionales y todas
las posibilidades de rastreo de la Tributación.
Simplemente: que “se pellizquen”
mejor. Por su parte, al pueblo le
queda la sensación de que algo anduvo mal.
Semejante escándalo NO puede
haberse dado por nada; pero siguiendo una técnica vieja y conocida, parece que
solo era cuestión de “darle tiempo al tiempo”, y todo el mundo seguiría tan
campante como Johnnie Walker. Entonces
¿para qué tanta fanfarria?
¿Hay otro significado en ese mensaje del
Poder Judicial? Si lo hay, me
gustaría saberlo.
Leguleyescamente
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