745 “LA
CHISPA”
Lema: “En la indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos
del Poder”
DESTITUCIÓN PRESIDENCIAL…
Y de los diputados. Si alguien es nombrado PUEDE SER destituido. Si no
sirve bien en el puesto que se le asignó, DEBE
SER removido sin responsabilidad patronal.
¿Para qué se designa a un Presidente?
Para que gobierne en beneficio de TODOS,
con justicia, rectitud, bondad y, sobre todo, con HONESTIDAD. No para que se
convierta en un ladrón aprovechado que se dedique a los negocios personales,
familiares o de sus amigotes valiéndose de los instrumentos que le facilita el
Poder. Se le nombra para que sea un
líder de la nación, alguien que guíe hacia metas de progreso y desarrollo; de
felicidad y bienestar para toda la comunidad nacional. Para que sea una especie de padre de familia
de todos los ciudadanos. Pero si resulta
un bandolero-a que solo asciende al sillón presidencial a beneficiarse de su
cargo, ha traicionado a su país y este tiene pleno derecho a destituirlo, sin
tener que esperar cuatro o cinco años de un contrato que ha sido quebrantado. El presidente JURA sobre la Constitución el cumplimiento de sus deberes, y si no
lo hace, ha infringido el acuerdo de trabajo que suscribió. Entonces su PATRÓN, el pueblo, tiene derecho a despedirlo sin más trámite. Y ese es uno de los grandes asuntos que deben
reformarse en la Constitución. Pero como
es lógico, tal cambio NO procederá
de la Asamblea Legislativa o del poder Ejecutivo.
Es el ciudadano, mediante la
organización en los Cabildos, el que
debe tomar en sus manos el trabajo de introducir los cambios que sean
necesarios en el Orden Jurídico, para que este fije las normas que regulen el
cumplimiento de las obligaciones de la gente que ejerce el mando político. NO
PUEDE NI DEBE SER que el Empleado
sea el que dicte, en forma unilateral, las condiciones bajo las cuales se lleva
a cabo la relación laboral entre PATRONO
Y EMPLEADO. Vean ustedes que si una
empresa privada contrata a un Administrador y este no sirve, roba, es omiso,
miente, engaña o es indolente, injusto en sus relaciones laborales o descuidado
con el rumbo que tome la compañía, de INMEDIATO
es despedido. Incluso puede ser
encarcelado y NUNCA volverá a
encontrar otro trabajo igual. Entonces ¿cuál es la razón por la cual los habitantes
TENEMOS QUE AGUANTAR a un inútil o
corrupto durante cuatro o cinco años?
¿Porque así lo dice la constitución?
Pues la cambiamos. Es tan simple
como eso. Los mecanismos de la acción
serán fijados por los Cabildos y
luego incorporados al sistema jurídico.
De forma tan clara y tajante como las que determinan el despido de
cualquier trabajador de la empresa privada si este comete alguno de los abusos
que justifiquen su separación del cargo.
Si el Pueblo nombra a sus servidores, TIENE EL DERECHO A DESPEDIRLOS cuando estos den motivo. No puede ser que un subalterno haga lo que le
dé la gana con los bienes de su empleador y que este no tenga la potestad para echarlo
a la calle. Ese contrato de cuatro o cinco
años que garantiza la inamovilidad del funcionario, es una invitación demasiado
tentadora para la comisión de todo tipo de faltas. La alcahuetería que propicia esa condición, es
la causa eficiente de infinidad de delitos oficiales. La Constitución debe contemplar un mecanismo
bien definido, rápido, eficiente y sin portillos, para llevar a cabo la
destitución presidencial o diputadil.
Este proceso no debe estar envuelto en triquiñuelas judiciales o politiqueras que permitan evadir
la responsabilidad del funcionario inepto o corrupto. Deberá bastar la presunción del delito para
que este cese en sus funciones y se inicie una investigación que no pueda ser
obstruida por ninguno de los poderes de la República. A demanda de la ciudadanía, la calificación
de estos crímenes sería competencia de la Sala Constitucional. Y el Poder
Judicial el encargado de aplicar las penas correspondientes.
¿Y qué hay de los diputados? Pues lo mismo. En teoría ellos son un poder independiente
que es la representación del Pueblo y
no una manada sumisa al Ejecutivo, como suele ser en la vida real. Se supone que han sido nominados para
legislar con justicia y honestidad a favor de esa comunidad que los eligió. Y si burlan ese propósito fundamental para
el que fueron investidos, es una violación de contrato de trabajo y DEBEN SER DESPEDIDOS sin miramientos de
clase alguna. No hay razón alguna para
que un país tenga que pagar salarios a unos empleados que NO CUMPLEN con sus obligaciones laborales y que solo se dedican a la
política y a hacer contubernios despreciables y nocivos para la sociedad que
los escogió. Estos funcionarios deberán
ser refrendados en sus puestos cada año.
Y su trabajo deberá ser fiscalizado por los Cabildos de las regiones de las cuales son representantes; es
decir, por aquellos que los nombraron y no por un partido o por el grado de
servilismo que hayan demostrado al Ejecutivo.
La
inamovilidad de los funcionarios es la peor lacra de cualquier sistema político;
pero sobre todo, la que se refiere al cargo presidencial y de los
diputados. Pero como es lógico, de ellos
JAMÁS vendrá una proposición de
reforma que tenga que ver con la posible destitución de sus cargos; esto es
algo que los votantes deben hacer de forma directa, mediante los Cabildos. Desde luego que la remoción de esos
funcionarios, presidente o diputados NO
DEBE ser del resorte de los implicados (Presidente o Diputados) sino de una autoridad (el
Cabildo) que esté fuera de la influencia de estos poderes, y más
allá de las posibilidades de represalia de estos. Esa condición de intocables que tienen los
gobernantes en la América Pobre, es
la que ha dado origen a la corrupción galopante de la que hoy somos
víctimas. El que sale premiado con
cualquier cargo de elección, de repente se convierte en una especie de dios,
ubicado en un terreno por encima de la Ley.
Y eso no debe ser. Ya en Costa
Rica se dio el primer paso cuando se acusó a tres expresidentes de actividades torcidas
en el manejo de asuntos monetarios derivados de las influencias que ejercían
gracias a sus cargos públicos. Bien se
puede continuar en esa senda hasta que los políticos entiendan a cabalidad cuál
es la naturaleza de su trabajo, quién es
su patrón y cuáles son sus obligaciones con este. Así entenderán que la presidencia o una
diputación no son oportunidades para enriquecerse a la sombra del Poder, sino
para servir.
Fraternalmente (¿Qué piensan de esto en su país? ¿Son sagrados los funcionarios?)
RIS E-mail: rhizaguirre@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario