1006
“LA CHISPA”
Lema: “En la
indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”
CORRUPCIÓN
Y LOTERÍA (En
algún país imaginario)
No
existe peor desgracia social que la pérdida de confianza del individuo en las
instituciones del Estado. Y peor aún,
cuando esta actitud está plenamente justificada por la infinidad de chanchullos
llevados a cabo por los funcionarios de todos los niveles imaginables. Y “más pior” todavía, cuando estos han
llegado a la desvergüenza tal, que ya ni les preocupa dar explicaciones serias
a la sociedad que los ha nombrado en esos puestos. Como aquello de: “Me lo gasté en confites”. El
clímax de esta actitud de los empleados públicos (de Presidentes para abajo) es
cuando deciden hacer un berrinche público y declararse “ofendidos” por las justas
preguntas y exigencias de los ciudadanos para que den cuentas claras sobre el
Erario. No hay día en que no se denuncie
algún tipo de chorizo en el cual no haya una larga cadena de sujetos
involucrados; y todos con algún tipo de contacto con jerarcas del Gobierno. Pero lo más irritante de todo, es la actitud
de alcahuetería de aquellos que son los responsables de los fondos públicos
(Presidente, Ministros, Magistrados etc.).
En lugar de hacer cumplir las leyes anticorrupción, se dedican a
facilitarles a los delincuentes alguna salida “decorosa” para que no vayan a la
cárcel y que no tengan que devolver lo mal habido. Como un ejército de garrapatas, han creado
una fraternidad que es intocable, sin importar la magnitud del delito
cometido. Hay portillos legales de todo tipo para burlar la ley. Una “renuncia por el bien de la Administración”
es suficiente para que cualquier rufián se libre de la cárcel y se quede con lo
que se bailó. Está de moda que cualquier
pillo (al que pillaron) salga en la televisión, la radio y la prensa
declarándose “ofendido en su honor”,
haciéndose la víctima y jurando por Dios y la patria, que su probidad no admite
el menor género de dudas, que todo es un ardid político en su contra; una
calumnia rastrera para mancillar su honra, y que renuncia para beneficio de las
investigaciones y el buen funcionamiento del Gobierno. Es
decir, se inmola por el bien público
(el discurso cliché). ¿Y lo que se
“aventó”, y el daño moral que hizo?
La
trocha, la platina, las asesorías, las concesiones,
licitaciones, la autopista de la luna, la refinería y miles y miles de
marrullerías que son incontables ya, forman la rutina de la Administración
Pública. Nadie en el Gobierno parece
tener interés alguno en frenar la corrupción; ni siquiera se guardan las
apariencias, pues sujetos encontrados culpables de peculado y otros delitos,
están libres en sus mansiones disfrutando de fortunas hechas al calor y bajo la
tutela del Estado. No hay negocio entre
el ESTADO y la EMPRESA PRIVADA que no esté penumbrado por la corrupción, la duda y
los compadrazgos entre los servidores públicos y los civiles favorecidos por licitaciones y concesiones forzadas por
medio de enormes sumas que se pagan bajo el eufemismo de “Asesorías políticas o técnicas”.
Y a nadie parece preocuparle el asunto.
Los burócratas cierran filas alrededor de sus intereses: mordidas,
propinas, asesorías y todo tipo de ingresos ilícitos bajo el cobijo de la
función pública. Sin embargo, que esta
clase parasitaria tenga esa actitud de complicidad podría ser “normal” dentro
de un contexto corrupto en donde ellos son los únicos beneficiarios; pero lo
que resulta inexplicable, intolerable, es la INDOLENCIA del ciudadano ante esta forma de saqueo sistemático al Tesoro
Nacional, que es propiedad de TODOS.
¿Qué
es lo que nos ha convertido en observadores pasivos de este quehacer delictivo
de nuestros empleados? ¿Cómo es que permitimos ser timados por esta
casta de bandidos que, solapadamente, ha ido convirtiendo la función pública en
un método de fácil enriquecimiento personal?
En gente que ha transformado las instalaciones del Gobierno en una
madriguera de aprovechados, y a este, en un ente que no merece la menor
confianza ni siquiera de la más simple de las personas. Recibimos a diario toda
clase de indicadores que nos obligan a sentir desconfianza de las actividades
de casi TODOS los funcionarios, no
importa cuál sea el sector en el que sirven. La sociedad los percibe mal, con desconfianza
y duda. Las personas en general, se han
convertido en “sospechosistas” cuando de burócratas se trata. No importa la careta que utilicen ni los
fines teóricos de la rama gubernativa en la que sirven, pues todas están bajo sospecha. El
recelo empaña y oscurece todas las actividades del Estado. Y ningún funcionario está libre de esa
sombra vergonzosa.
La
codicia es la que, en una sociedad consumista que solo promueve el materialismo
más bárbaro, ha conducido a nuestros servidores a conductas deshonrosas que, en
otros tiempos y contexto, jamás hubieran realizado. La corrupción generalizada se ha convertido
en el estándar del empleado público, hasta el punto en que este ya no distingue
la diferencia entre la conducta ética y el bandolerismo. Todo tipo de fraude, si produce dinero fácil,
se considera como una “viveza” digna de elogio.
Y el ciudadano permanece impasible; es más, con su tolerancia, fomenta
esa actitud de los sinvergüenzas y se convierte en cómplice de ellos.
La
telaraña está tan bien tejida que parece irrompible; casi todo es “legal”,
respaldado por “leyes a la medida”, trazadas NO para el bien público sino para el de gremios, grupos, colegios, políticos,
pandillas y funcionarios. Además, para
el beneficio exclusivo de ciertas instituciones que pueden hacer, en forma
“legal”, lo que les da la gana con los fondos
públicos. Como la Junta de Protección Social y sus aparentemente
dudosos sorteos en donde los premios grandes quedan en las bodegas de esa
empresa. ¿Cómo explicar lo del gordo
navideño y los dos premios del domingo
7 de julio de 2013? ¿Algún ingenuo
podría suponer que se trata de una milagrosa
coincidencia para bien de los pobres? ¿No
es lícito que la suspicacia se haga presente en la cabeza de todos los
habitantes en general, y jugadores en especial?
¿Cómo explicar que el primero y tercer premio se quedaran “en casa”, en
las oficinas de la lotería? Ya es hora
de que una actividad tan productiva
y ligada a la sociedad, sea regulada por una ley que contemple los intereses e
ilusiones de millones de personas que, domingo a domingo, sacrifican parte del
dinero de sus salarios en la compra de sueños.
Dinero que podría invertirse en comida de las familias, va a parar a las
arcas de ese ente. Solo eso es ya un
crimen. Pero si además se le suma una
acción sospechosa (ya reiterativa) que resulta una burla al consumidor, la
actividad de esta agrupación se convierte en algo intolerable. Debe emitirse una ley que no sea “casera” y
que no solo considere la codicia de la Junta, sino TODOS los aspectos que interesan tanto a esta como a los jugadores,
que somos los que pagamos la fiesta. Y por favor, no nos vengan con que debemos
tener plena confianza en la manipulación de esos fondos, pues cuando hay OCHO MIL MILLONES de colones en juego
(como en este premio), la desconfianza aflora en forma natural e inevitable. La
JPS debe publicar no solo los nombres de los ganadores, sino un detalle
minucioso, CERTIFICADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, de cómo
invierten los dineros recaudados en la infinidad de sorteos que ha montado. Esto debe hacerse público en la prensa, cada
mes. Son demasiados MILLONES los que están en juego como
para dar por sentado que nadie sentirá algún tipo de tentación ante ese río de
oro. O de sentirse como Santa Claus,
haciendo regalos a destajo y capricho. Por mucho menos dinero que ese, famosos
políticos de alto rango, se vieron involucrados en enredos de peculado. Además, debe terminarse el jueguito de los
números “bajos y altos”. Algo más, en
esta era de la computación, la Lotería debe tener, de inmediato, el nombre y
residencia del concesionario que vendió el premio mayor; y al ser cobrado este,
se debe publicar el nombre y la foto del feliz ganador, sin pretextos encubridores que se presten a sospecha. La Lotería DEBE SER ABSOLUTAMENTE CLARA y
sin la menor penumbra o duda. Esta
no tiene por qué formar núcleos de complicidad con nadie (supuestos ganadores
del premio) ni andar escondiendo el monto de sus ganancias y la manera cómo las
reparte “haciendo el bien”. Estos ingresos
no son bienes de difunto de los cuales se puede disponer a capricho; son fondos públicos para cuya inversión DEBE existir un plan del cual sean partícipes la Contraloría del
Estado, la Junta y los CONSUMIDORES,
pues son estos últimos los que crean ese capital.
La
nueva ley de la lotería debe considerar todo en forma integral, y debe ser de
una claridad tal que no genere la menor sombra de duda Y el pretexto de que es una institución de beneficencia, no debe ser la razón que
justifique los abusos que se cometen con los fondos recaudados, pues no es
justo que esta organización se recete el 60, 70 o más por ciento. La JPS debe tomar un 25% de lo recaudado; y el 75% debe ser repartido
en TRES premios. Nada de esa farsa de docenas de premios de a
centavo. Cien mil billetes a diez mil
colones (sin sobresaturar el mercado) producen MIL MILLONES de
colones, de los cuales 250 serían la ganancia, y 750 se repartirían en tres
premios que de verdad sacarían de pobres a los que lograran atinarlos: un Gordo
de 400 millones, un segundo de 250 y un tercero de 100, harían la felicidad de
tres familias, aunque los demás quedemos enchilados. Pero como es ahora, solo la Junta se siente
feliz, y todos los demás, SÚPER ARDIDOS. Y eso NO
DEBE CONTINUAR. Ya es hora de que los que ponemos la plata, fijemos las reglas del
juego. Recuerden que “quien paga la música manda el baile”. No es correcto que un pequeño grupo de
personas, disponga a su gusto de NUESTRO
DINERO de manera impune.
¡Yo quiero un puesto en
la Directiva de la Junta!
Por favor, díganme que les importa, que no soy solo
yo el único que está enchilado.
¿Sucede esto en sus
países?
Esperanzadamente
RIS
Visite
el blog “LA CHISPA”: http://lachispa2010.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario