705 “LA
CHISPA” (2 noviembre 2009)
Lema: “En la
indolencia cívica del ciudadano, se fundamentan los abusos del Poder”
LOS DERECHOS
HUMANOS
Casi
todas las constituciones consignan una serie de principios que se consideran
básicos para determinar la calidad de vida de los habitantes de cada
nación. Son los derechos humanos mínimos
para merecer la categoría de personas:
tener trabajo, casa, comida, educación, atención médica, ropa, diversión, trato
igualitario ante la ley, y la SEGURIDAD
de que podemos gozar de esos bienes sin peligro alguno, es decir, con SEGURIDAD CIUDADANA. Porque ¿de qué nos sirve tener salud,
educación, trabajo y casa si mi vida se encuentra en permanente riesgo de ser
suprimida por cualquier bandido? Todo ciudadano
tiene derecho a ser feliz, sentirse
seguro y protegido por el Estado.
Pero ¿qué pasa cuando esto no se cumple, a pesar de ser un mandato
constitucional para los gobernantes? Significa
que es el propio gobierno el que está violando, por indolencia, los derechos de
sus ciudadanos.
Si el Estado permite que
el hampa haga lo que le dé la gana en materia delictiva en contra de las
personas honestas, es este el responsable principal, aunque no único, de la
violación de los derechos humanos. No solo se vulnera el derecho por intención
sino también por omisión e insuficiencia.
Y en este caso, así como el ciudadano NO PUEDE ALEGAR DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, tampoco el Estado puede
hacerlo ni ampararse en pretextos para incumplir sus obligaciones
constitucionales. El Estado no puede conformarse
con “hacer lo que se puede o lo que
permiten las finanzas”; con pegar parches por aquí y por allá, sino que tiene
que realizar la tarea completa. Pero
para hacerlo, tiene que dejar de ser político y asumir el papel de institución nacional al servicio de
todos los ciudadanos y no solo de las clases poderosas. Debe dejar de ser un ente “partidista” y
politiquero, para convertirse en ese rector que procure y garantice el mayor bienestar a todos los habitantes de la
nación. Mientras en un país haya hombres
que tienen en exceso, y personas que carecen de lo mínimo, significa que hay
una mala distribución de la riqueza y que, el atropello de los derechos
humanos, se debe a negligencia del Gobierno, lo cual lo convierte en el violador
de estos.
El analfabetismo es
culpa de los gobiernos, la atención médica deficiente o mala es culpa de los
gobiernos, si no hay creación de puestos de trabajo, es negligencia del estado;
si no hay SEGURIDAD CIUDADANA, es culpa del estado. Si no hay habitación para las familias, es
deficiencia del estado. El gobierno
tiene la obligación de proporcionar esos rubros que garantizan la felicidad
material de los habitantes, sin pretextos. Y si no lo hace, se convierte en el peor
violador de los derechos humanos.
¿Alguna vez sufren
crisis los ricos de un país? Puede ser que disminuyan un poco los millones
que se ganan, pero nunca pasan por momentos de calamidad, hambre, falta de
techo, diversión o la posibilidad de una buena educación en instituciones privadas;
siempre tienen casas lujosas y carros del año, viajan a dónde quieren y se
visten de primera. Eso significa que son
una clase privilegiada que goza de todos los beneficios que puede producir la
economía de un país. Pero resulta que
esos beneficios no alcanzan a todos los ciudadanos porque los gobiernos son
incapaces de canalizar y distribuir esa riqueza de manera justa y equitativa
entre todos los ciudadanos que la producen.
Siempre hay quienes se quedan con la parte del león y dejan a las mayorías
solo viendo el festín ajeno. Esa negligencia también es violación de los
derechos humanos. En casi todos los
países de Europa el producto nacional interno se reparte de tal manera que TODOS los ciudadanos gozan de él, por
lo menos con buenos trabajos bien remunerados, excelente atención médica,
educación de primera, diversión y posibilidades reales de adquirir una
habitación decente. ¿Hay
millonarios? ¡Claro que sí! Pero la diferencia entre estos y la clase
trabajadora no es tan OFENSIVA y
ASQUEROSA como lo es en la América Latina.
Allí los ricos PAGAN SUS
IMPUESTOS en la proporción correcta, y
ninguno se ha convertido en pobre por hacerlo. Eso se llama justicia social; y esta se debe
al trabajo conjunto de pueblos conscientes y gobiernos responsables que no
hacen lo que les da la gana sino que ejecutan la voluntad popular.
El “respeto a los
derechos humanos” no debe ser la muletilla política en la que se apoyen los
gobiernos latinos, pues estos son, casi en general, los principales violadores
de aquellos. Respetar esos derechos no
solo es no tener presos políticos o mandar gente al paredón. Tampoco permitir que los sindicatos hagan
huelgas o que la gente proteste en las calles sin garrotearlos o
gasificarlos. Ni siquiera dejarlos que
hablen por radio, televisión o que escriban protestas como “La Chispa”. Eso es estrategia de la “democracia
formal”. Puede que un gobierno no ahorque
ciudadanos en un patíbulo, pero si los fusila lentamente ante el paredón del
hambre, el olvido, la ignorancia, la falta de atención médica y la carencia de
un hogar decente, está vulnerando todos los derechos humanos esenciales. Puede blasonar de que no hay presos políticos
en sus cárceles, pero sus ciudadanos son
prisioneros de la inseguridad, el abandono, la tristeza, el dolor y el
miedo a un futuro sin esperanza. Puede
que un gobierno no nos apalee con un garrote, pero si lo hace con los
mecanismos económicos (devaluación,
sueldos malos, alzas) que nos convierten en más pobres cada día, es un transgresor de esos derechos. Puede que no censure nuestras palabras,
discursos o libros, pero si nos condena a la oscuridad, también en un infractor
de los derechos humanos. Cuando el Estado se da el lujo de menospreciar
la crítica de los ciudadanos, se convierte en violador de los derechos
humanos. Cuando el gobernante se siente dueño
del Estado e ignora a sus semejantes, se transforma en el peor abusador de
todos.
El respeto a los
derechos humanos por parte de los gobiernos, no es más que el fiel cumplimiento de las obligaciones
constitucionales a las que, por acuerdo general, han llegado los pueblos. Y los gobernantes solo son los ejecutores
obligados de esta tarea; NO son los amos
ni los que disponen quiénes deben recibir, de manera injusta, el producto de la
riqueza producida por todos. Hay daño
por acción (el más visible y evidente), pero hay uno mucho mayor que suele
pasar casi inadvertido y no es cuantificable: es el que se hace por omisión de los deberes del Estado, y cuyas
consecuencias suelen ser desastrosas para cualquier sociedad.
Derechescamente (¿Cómo
anda esto en su país?)
Ricardo Izaguirre S. E-mail: rhizaguirre@gmail.com
PUBLICIDAD. Les recomiendo la lectura de mi libro “EL ANÁLISIS”,
de venta en la Universal, Barrabás, Juricentro, Aristos y casi todas las buenas
librerías del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario